DIF municipal
A través del oficio CI/DIF/0012/2011, con fecha 23 de febrero, sellado y firmado por el contralor interno del DIF, Félix Justiniano Ferráez, se responsabiliza a Martínez Cárdenas de violar “flagrantemente la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado, específicamente en lo concerniente al artículo 47, fracción 18, al contratar deliberadamente a Ángel David Piloña Martínez, según se comprueba en el alta remitida por usted, acorde con su oficio DIF/DG/DA1709/2010 de fecha 27 septiembre 2010, suscrito por usted y dirigido al Oficial Mayor, Abraham Cuevas Montemayor”.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en su artículo 47, fracción 18, prohíbe la contratación de familiares consanguíneos hasta en cuarto grado. La alta administrativa de Piloña Martínez (número de empleado 0206L266) tiene la firma de la directora del DIF.
Martínez Cárdenas aceptó en entrevista telefónica que su sobrino Ángel David Piloña Martínez, hijo de su hermana María Teresa Martínez Cárdenas, trabajaba en el DIF por petición del Sindicato Único de Trabajadores al Servicios del Ayuntamiento de Benito Juárez (SUTSABJ). Aceptó el parentesco con Piloña Martínez, pero aclaró que no realizó su contratación sólo porque era su pariente.
“Mi hermana pertenece a la mesa directiva del Sindicato del Ayuntamiento de Benito Juárez como un derecho y una prerrogativa laboral, por antigüedad de mi hermana, su hijo, Ángel David Piloña Martínez, que es mi sobrino, efectivamente, así como otra persona de nombre Eric, entran a cubrir una suplencia indefinida a petición del sindicato”, explicó.
La entrevistada aseguró que su sobrino no tenía un puesto como director, ni de oficina, sino que era operativo y recibía un sueldo de siete mil pesos mensuales.
“Él estaba en el área operativa, o sea, son los que cargan, es un chalán cargador, eso es lo que hacía”, dijo.
De igual forma, en el documento que consta de dos hojas, la Contraloría del DIF solicita la baja de otro trabajador, que fue contratado de manera irregular.
“Adicionalmente se deberá proceder a la baja de José Guadalupe Collí y Campos, cuya contratación por nómina interna viola el acuerdo de austeridad del 6 septiembre 2010 por carecer de la autorización expresa del presidente municipal para este tipo de contrataciones, además de los riesgos que implica las responsabilidades en la omisión de los pagos de cuotas obrero patronales del IMSS y la parte de la retención salarial afectada en los términos de la ley del impuesto sobre la renta y no enteradas a la secretaría del ramo”, indica la primera hoja del documento.
Al ser cuestionada en torno a la “irregularidad” con la que se contrató a Collí y Campos, la directora del DIF municipal dijo que ella como directora tiene la facultad de contratar personal, si así se requiere.
“Cuando nosotros entramos había un plan de contingencia, en ese momento la líder sindical Delia Alvarado retira todo su personal sindicalizado de la Casa de Asistencia Temporal, que era el 99% del personal, y ahí por esa situación de contingencia y para resolver el problema, sí se hicieron algunas contrataciones emergentes y urgentes para cumplir con el perfil y se cubrió con profesionalismo los perfiles adecuados”, sostuvo.
Una de las sanciones estipuladas por la contraloría municipal sería que Martínez Cárdenas procediera a resarcir a las arcas del DIF los importes irregularmente pagados a su sobrino, así como el importe de las compensaciones que por vía de la nómina interna se viene realizando, sugiere la carta redactada por Justiniano Ferráez.
Para solventar este asunto, sin eximirla de una probable sanción: “Deberá presentar los documentos inherentes con la copia de la baja y la ficha de depósito por los recursos reestablecidos”, se lee en el oficio enviado por la Contraloría del DIF.
El recurso mensual que el municipio le proporciona al DIF a través de la Tesorería es de 500 mil pesos mensuales, que se destina para gastos operativos como gasolina, luz, agua, mantenimiento, alimentos para las 12 estancias infantiles, papelería y la nómina secreta, la cual asciende a 370 mil pesos mensuales, cantidad que no está reconocida por el órgano de control y vigilancia de la institución.
De la nómina secreta, Martínez Cárdenas reveló que a su llegada ya existía. Dijo que los gastos de esta nómina ascienden a 56 mil pesos quincenales para pagar a un cierto número de trabajadores que no precisó. No obstante, en un listado de esa nómina secreta al que tuvo acceso Novedades de Quintana Roo aparecen las percepciones de más de 50 personas y en varios de los documentos hay varios totales por diversas cantidades, superiores a lo que informó la funcionaria.
La entrevistada además reveló que dicha nómina era de 70 mil pesos quincenales en la administración pasada, por lo que resaltó que durante su paso por el DIF se redujo.