Notarios legalizan los rescates a secuestradores

Autoridades federales y organizaciones civiles detectaron durante 2009 una nueva forma de operar del crimen organizado: llevar a víctimas o familiares ante notarios públicos para que cedan sus bienes y propiedades.

Al menos siete notarios públicos de Tamaulipas están bajo investigación por haber participado en este tipo de ilícitos, según datos registrados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

El fenómeno se ha detectado también en Durango y Coahuila, estados que forman la Comarca Lagunera, así como en Chihuahua y Veracruz.

De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso el organismo –y que fue confirmada por la PGR–, se han detectado al menos cinco secuestros en los que los grupos criminales cobraron de esta manera y ninguna de las víctimas pudo recuperar sus bienes.

Miguel Valdés, secretario de Comunicación del Colegio de Notarios de Tamaulipas, dijo que incluso se comenta de una presunta lista de notarios investigados.

“Hay rumores de que llevaron al interesado para que firmara un poder y se hagan las escrituras posteriormente. A veces se confirman con lo que uno presencia, cuando se ve que tal propiedad era de alguien y ahora ya es de otra persona. Se dice que tienen por ahí una lista de notarios que ha participado en esas situaciones, pero siguen siendo rumores”, puntualizó en entrevista telefónica.

Según los informes, una vez que el crimen organizado establece qué propiedades le serán entregadas, pide llevar –ante determinado notario– las facturas y escrituras correspondientes para hacer el trámite de cambio de propietario.

Los inmuebles deben ser entregados físicamente y deshabitados y, hasta que no se firma el traspaso, no liberan a la víctima.

En noviembre del año pasado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal detuvo a cuatro presuntos integrantes de “Los Zetas” que amenazaban y extorsionaban a empleados de notarías públicas para que legalizaran los inmuebles que les eran entregados como rescates. La banda operaba en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

José Antonio Ortega, representante del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, detalló que las bandas privan de la libertad a la víctima, a través de ella recopilan la información de los bienes que la familia posee, y posteriormente se ponen en contacto para decirles que propiedades quieren.

“Ahí están metidos los notarios, porque hay una serie de irregularidades que hacen que esto vaya ‘fast track’ y, además, no se cumplen todas las formalidades que se requieren, y en los cinco casos de los que yo tengo conocimiento, las propiedades se tuvieron que entregar desocupadas”, puntualizó.

Plantean revisar notarías públicas

El exceso de notarios en algunos estados y los casos que llevan en las grandes ciudades, donde se dificulta la verificación de datos, pueden ser factores que faciliten la comisión de ilícitos, advirtieron miembros del gremio.

Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, hay por lo menos siete casos confirmados de secuestro en los que las víctimas han entregado sus propiedades al crimen organizado a través de notarios públicos, principalmente en entidades del norte del País.

Sonia Casas, notaria de Durango, comentó que el poder notarial, uno de los instrumentos que podrían utilizar los grupos criminales, se otorga con recelo y que es responsabilidad del notario verificar la autenticidad de firmas, los domicilios de los involucrados y constatar personalmente que los datos sean reales.

Aunque aceptó que es posible que se presenten este tipo de situaciones, sobre todo en las grandes ciudades.

“No tengo ninguna experiencia personal y en esta ciudad que es tan pequeña (Gomez Palacios). No creo que haya sucedido. Eso es en las ciudades más grandes donde al notario le es imposible tener cierto grado de investigación de su clientela, pero creo que sí puede suceder”, comentó.

En ese sentido, Rodolfo González, notario de Baja California, indicó que no hay casos documentados de este proceder en la entidad; sin embargo, precisó que si el dador de fe y legalidad se da cuenta de alguna situación irregular está obligado a informarlo ante el Colegio de Notarios de la entidad.

“El Estado es grande, tenemos unos 40 notarios en cinco municipios; 20 de ellos, en Tijuana, y aunque no hay casos registrados, es probable que tenga que ver el número de casos excesivo que se tienen en algunas ciudades”, dijo.

Esta nueva forma de cobro es ya del conocimiento de algunos legisladores, como el diputado perredista Nazario Norberto, quien adelantó que en próximas fechas solicitarán una revisión del actuar de todas las notarías del País.

Según la información de la que se ha allegado el legislador, el crimen organizado ha comprado varias notarías públicas.
“Habría que hacer una revisión de todas las notarías del País porque sabemos que por terceras personas se compran las notarías para que así tengan un notario a su modo y puedan realizar compra-ventas, donaciones, todo tipo de transacciones.

“No nada más es en el norte del país. Tengo información de que una notaría en Hidalgo se compró en 18 millones de pesos”, resaltó.

Para Max Morales, especialista en secuestros, la presentación de víctimas o familiares ante notario público puede ser una forma de cobrar extorsiones o deudas pendientes de pago de piso y protección.

En entrevista, apuntó que este fenómeno podría darse bien al presentar a los deudores, a quienes se les priva de la libertad, en notarías falsas para alterar los documentos, o bien para pagar cuentas de extorsión que se tienen pendientes con la organización delictiva.

“En algunos Estados están cobrando derecho de piso o de protección, están buscando formas alternas de extorsión, se han presentado algunos casos donde la gente se resiste a pagar sus cuentas y aunque privan de la libertad a las familias les dicen que no es un secuestro y que en cuanto paguen lo que deben serán liberados”, puntualizó.

‘Nos exigieron un millón por liberar a mamá’

El 24 de octubre de 2008, un comando de “Los Zetas” secuestró en Cancún a una empresaria y por su liberación en un principio exigieron 1.5 millones de pesos.
Para su hijo Bryant, el hecho cambió su vida para siempre, porque lo convirtió primero en rehén de un cártel de la droga y luego de la PGR; para su madre, este plagio significó una nueva modalidad de pago de rescate: la transferencia de propiedad de un bien inmueble, de su casa.

La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/217/2009, refiere que el joven de 34 años acudió a la Procuraduría de Quintana Roo, a denunciar el caso, sin saber que el fiscal que llevaría la investigación estaba presuntamente en contubernio con los sicarios llegados de Tamaulipas.

Dueño de un bar, el hijo de la víctima al mismo tiempo buscó la ayuda y mediación de delincuentes para liberar a su madre y fue así como contactó a Cristian Gerardo Zúñiga Ayala, un comensal de su establecimiento quien a su vez le relacionó con Rubén Rivera Ramírez “El Terri”, un enlace de los Beltrán Leyva.

“Rubén Rivera me informó que quien tenía a (mi madre) eran ‘Los Zetas’ y que él iba a pedir el favor al encargado de ‘Los Zetas’, ya que ellos tienen acuerdos de paz entre sus jefes y se piden favores, diciéndole yo que agradecería el favor y qué tenía que hacer para agradecerles el favor, diciéndome que nada, que lo hacía por la amistad que tenía con Cristian Gerardo Zúñiga”, relató el 20 de julio de 2009 a la PGR.

De pronto, la banda de los Beltrán se convirtió en gestora e impartidora de justicia, pues aparentemente mediante una negociación con “Los Zetas”, “El Terri” logró que el 29 de octubre liberaran a la empresaria, revelan las pesquisas de la PGR.

A Bryant, los criminales le dijeron que no le costaría un solo peso la libertad de su madre, que lo tomara casi como una cortesía; de hecho, cuando la SIEDO empezó a indagar este caso, le pareció por lo menos extraño, debido a la inexistencia de un pago de rescate.

Un mes después, los integrantes de los Beltrán le mostraron el cobre.

En Cancún esta organización se peleó con un ala de “Los Zetas”, debido a que les ocultaron sus propios negocios de cocaína con integrantes de una mafia cubana que no pagaba “derecho de piso”.

Entonces, “El Terri” se presentó con el dueño del bar y le dijo que debía devolver el favor por partida doble. La primera parte de su retribución, era transferirle con un notario la propiedad de la casa de su madre.

“El licenciado Marco Antonio Gómez es el abogado de los Beltrán Leyva, y fue quien nos exigió un millón y medio de pesos o la casa que tiene un valor equivalente para pagarle a ‘Los Zetas’ el favor de soltar a mi mamá”, contó al Ministerio Público.

Pero allí no acabó el pago del favor. Los Beltrán le pidieron a Bryant tenderle una trampa y hacer viajar a Cancún mediante engaños a tres supuestos lavadores de dinero, que la organización criminal debía eliminar. Según su dicho, no tuvo alternativa. Los tres fueron torturados y ejecutados entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre de 2008.