El Congreso del Estado encontró irregularidades en el Ejercicio Fiscal 2007 de Cozumel, por lo cual el candidato a la diputación federal del Partido Acción Nacional (PAN) por el Distrito 01, Gustavo Ortega Joaquín, deberá reponer dos millones 709 mil pesos que en ese entonces nunca se ejecutaron en obra social.

En consecuencia el Poder Legislativo ordenó al Órgano Superior de Fiscalización (OSF) continúe con el procedimiento de Ley, donde en caso de no resarcirse las deficiencias podría ejecutarse un procedimiento judicial que llevaría a pena corporal.

Con base al Artículo 115 Constitucional, los ayuntamientos cuentan con autonomía para avalar sus decisiones, no obstante según el Informe presentado por el OSF detectó irregularidades en la Cuenta Pública de Cozumel 2007.

Durante el período comprendido entre el uno de enero y 31 de diciembre del citado año, la administración que encabezaba Ortega Joaquín ejerció 500 millones 935 mil 167 pesos y su recaudación propia fue de 480 millones 627 mil 543 pesos, lo cual generó un déficit de 20 millones 307 mil 623 pesos.

No obstante el OSF encontró irregularidades sobre todo porque no se solventaron dos millones 709 mil 460 pesos, de tal cifra se hicieron observaciones financieras por 47 mil 450 pesos, en tanto en obra pública no se ejercieron dos millones 662 mil 10 pesos, que en un principio se habían reportado como ejecutados en beneficio de la población.

Aunque 16 legisladores avalaron el Ejercicio Fiscal ejercido en Cozumel durante el 2007, el Congreso del Estado ordenó al Órgano Técnico de la Legislatura del Estado, continúe con las investigaciones de los actos, omisiones y conductas de los servidores públicos que pudieron constituir algún tipo de irregularidad, para aplicar las sanciones que correspondan.

En función de ello, el OSF remitirá a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Público sobre las acciones emprendidas para el deslinde de responsabilidades de los servidores públicos.

En este sentido la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Laura Fernández Piña, recriminó que a casi dos años de haberse aplicado tales recursos, hasta el momento continúen teniéndose tales inconsistencias, pues los recursos nunca se ejercieron como se había reportado.

Señaló que el Ayuntamiento cuenta con un lapso de 15 días para solventar las inconsistencias y reiteró que el hecho de que el ex presidente de Cozumel ahora pretenda una diputación federal, no es motivo para que no solvente los faltantes.

De lo contrario advirtió que si no se resarce tal situación, el ex presidente de Cozumel puede ser sujeto a una sanción administrativa y en el caso más extremo, un proceso judicial que podría anteceder a una pena corporal.

En este contexto, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Hernán Villatoro Barrios, recriminó que Ortega Joaquín se continúe burlando del pueblo, pues con un evidente dolo se promueve para llegar al Congreso de la Unión.

Esta postura también fue compartida por las legisladoras Marisol Ávila Lagos y María Hadad Castillo, las cuales condenaron que pese al rango de tiempo otorgado, todavía no se corrijan tales irregularidades.

Y es que durante el 2007, en servicios personales, personal del Ayuntamiento de Cozumel ejerció 203 millones 771 mil 949 pesos; en material y suministro, 34 millones 634 mil 29 pesos; en Servicios Generales, 81 millones 44 mil 864 pesos; por concepto de transferencias, 57 millones 185 mil 687; en Bienes e Inmuebles, tres millones, 495 mil 516 pesos; para Obras Públicas presuntamente se ejercieron 83 millones 921 mil 829 pesos; las participaciones y aportaciones municipales fueron por un millón 500 mil pesos en tanto la deuda pública asciende a 35 millones 381 mil 290 pesos.

Por lo tanto el ex presidente de Cozumel, ahora candidato a la diputación federal por el PAN en el Distrito 01, deberá reponer los recursos, de lo contrario enfrentará cargos que le llevarían a ser sancionado administrativamente, inhabilitado o bien ser sujeto a pena corporal.